La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años a la patrullera Erika Judith Pérez Romero, luego de comprobarse que golpeó violentamente en el rostro a un ciudadano con su bastón tonfa durante un operativo en el humedal Juan Amarillo, en Suba. El salvaje episodio de brutalidad policial quedó registrado en video y fue divulgado masivamente en redes sociales, desatando una ola de indignación nacional.
Los hechos, ocurridos en octubre de 2024 pero que estallaron públicamente en enero de 2025, muestran a la uniformada fuera de control, abusando de su autoridad y usando la fuerza de forma desmedida contra un joven durante una requisa. El video, grabado por la propia víctima, fue clave para que miles de colombianos alzaran su voz y exigieran justicia.
La Procuraduría, tras una investigación disciplinaria, determinó que Pérez Romero actuó con dolo, desconoció los límites de su cargo y violó los derechos fundamentales del ciudadano agredido. La sanción impuesta —destitución inmediata e inhabilidad por una década para ejercer cualquier función pública— marca un precedente claro y contundente contra el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.
Este caso es un duro golpe a la imagen de la Policía Nacional y una victoria moral para la ciudadanía que, una vez más, demostró que la vigilancia civil, la denuncia y la presión social sí funcionan. La patrullera Erika Judith Pérez Romero ya no podrá seguir portando uniforme: su violencia le costó la carrera y la dignidad.