"La culpa es de ellos, pero las consecuencias las pagamos nosotros": Indignación en Chinchiná por Impuesto Predial Disparado

La furia ciudadana en Chinchiná no cesa ante el desmedido aumento del impuesto predial, una situación que ha desatado marchas, tensas reuniones y un clamor unánime contra las autoridades locales. El alcalde Carlos Alberto Riveros, el Concejo Municipal y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) se encuentran en el ojo del huracán, señalados por la comunidad como los responsables de un incremento que, en muchos casos, supera el 400%.

El pasado viernes 16 de mayo, las calles de Chinchiná fueron testigo de la masiva indignación popular. Una marcha contundente partió desde el parque de Bolívar y culminó en el colegio Bartolomé Mitre, epicentro de una sesión extraordinaria del Concejo que contaba con la presencia de representantes del IGAC y funcionarios de la Alcaldía. La protesta resonó con pitos, vuvuzelas y pancartas, uniendo las voces en un solo grito contra el oneroso nuevo cobro.

❗ La comunidad clamó por tiempo, pero su voz fue ignorada

Durante semanas previas, líderes sociales, ciudadanos y diversas organizaciones comunitarias alzaron su voz para solicitar a los concejales y al alcalde el aplazamiento del estudio y la implementación del nuevo avalúo catastral. Su objetivo era evitar el drástico impacto económico que esta medida representaría para las familias chinchinenses.

Sin embargo, ese aplazamiento nunca se materializó. Ni el alcalde ni los concejales cedieron ante el llamado de la comunidad. La decisión ya estaba tomada, dejando a los ciudadanos sin más opción que asumir este incremento, sin alternativas viables para aquellos en situación de mayor vulnerabilidad.

🏠 ¿La raíz del aumento desmedido?

Según el IGAC, este significativo incremento es resultado de una actualización catastral largamente postergada, que no se realizaba desde hace 16 años. En este lapso, un considerable número de predios experimentaron crecimiento, se construyeron nuevas viviendas y el valor del suelo se elevó. El Instituto defiende que los nuevos avalúos se basaron en información de mercado y registros oficiales.

Para el presente año 2025, la Alcaldía había anunciado topes de incremento del 30% para predios sin cambios recientes y hasta un 100% para aquellos con modificaciones. No obstante, la realidad para muchos ciudadanos ha sido muy diferente, reportando aumentos que oscilan entre el 200%, 300% e incluso superan el 400%.

⚠️ Un golpe a programas sociales y obligaciones tributarias

La preocupación por el nuevo avalúo trasciende lo meramente económico, impactando directamente el tejido social:

• Un número significativo de personas podrían perder beneficios gubernamentales cruciales como el Sisbén, el programa de adulto mayor y subsidios a servicios públicos.
• Además, los nuevos avalúos implicarán que ciudadanos que nunca antes habían estado obligados a declarar renta ahora deberán hacerlo, sin contar con la capacidad económica para afrontar estas nuevas responsabilidades fiscales.

🗣️ Sesión tensa, promesas vacías

En la reciente sesión especial del Concejo, 27 ciudadanos tomaron la palabra, todos con la misma exigencia: suspender o rectificar el proceso. Sin embargo, las respuestas ofrecidas no lograron apaciguar el descontento. La directora territorial del IGAC, Ángela María Vélez Jaramillo, defendió la metodología técnica empleada. Por su parte, el alcalde Carlos Alberto Riveros, si bien aseguró que se están revisando los casos individualmente y ofreció descuentos por pronto pago (15% hasta el 31 de mayo y 10% hasta el 30 de junio), estas medidas paliativas no abordan la raíz del problema.

🧾 Conclusión: el peso recae sobre el pueblo

La realidad es ineludible. La decisión del aumento del impuesto predial ya está tomada. No habrá marcha atrás por parte de los concejales, el alcalde o el IGAC. La comunidad de Chinchiná, cuya voz no fue escuchada en su momento, será quien deba cargar con las consecuencias económicas, incluso si esto implica perder apoyos sociales vitales o asumir obligaciones fiscales para las que no estaban preparadas. La pregunta que resuena en las calles es clara: ¿hasta cuándo deberá el pueblo pagar por decisiones ajenas?